Jessica Martínez encabezó una iniciativa junto a legisladoras locales del PRI y la panista Nancy Olguín, presentando una propuesta para reformar el Código Penal en Nuevo León y eliminar el delito de rapto. Esta medida busca evitar la discrepancia en las penas y alinearlas con las asociadas a la privación ilegal de libertad.
En el documento, se resalta que el delito de rapto no refleja los avances en derechos y libertades de las mujeres, manteniendo una carga de estereotipos de género obsoletos.
Argumentan que la eliminación de este delito sería congruente con el objetivo de garantizar una mayor protección y justicia para las víctimas.
Además, destacan que la derogación de este delito ya se ha llevado a cabo en varios estados del país, lo que respalda la necesidad de realizar cambios similares en Nuevo León.
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